POLÍTICA  PERUANA DE ESTE SIGLO

Después de la caída del gobierno de Fujimori, la política peruana no ha mejorado sus niveles de institucionalización. Si bien es cierto que el Perú logró parar el “péndulo económico” producido desde la década de 1950, oscilante entre la línea liberal y el intervencionismo estatal (Gonzales y Samamé 1991), y mantener la continuidad de la política macroeconómica, las principales fuerzas políticas no se han puesto de acuerdo ni han llegado a un entendimiento en lo que se refiere a otros temas de importancia, entre ellos, la superación de la desigualdad y pobreza, y las acciones requeridas para el futuro desarrollo de la sociedad peruana. Veamos un caso simbólico. En julio de 2002, por iniciativa del gobierno de Toledo, el llamado Acuerdo Nacional fue firmado entre diversas fuerzas políticas y sociales. Se trató de una serie de objetivos que se debían alcanzar en los siguientes veinte años. 

Sin embargo, su contenido fue general e ineficaz, sin especificar prioridades, ni procedimientos, ni maneras concretas de llevarse a cabo. En realidad, el gobierno de Toledo no hizo efectivo nada de su contenido, y su sucesor, García, tampoco. Durante la segunda gestión presidencial del aprismo, el Perú no desarrolló una visión sobre el futuro compartida por las fuerzas políticas principales. García dio más importancia a sus juicios y decisiones personales que a la conformación de un consenso o entendimiento entre los actores políticos. Y, por lo menos hasta el momento, el gobierno de Ollanta Humala parece haber tomado el mismo camino que sus antecesores. Algunos estudiosos dan importancia al entendimiento que existió entre los responsables de las principales fuerzas políticas respecto de la necesidad de mantener el marco democrático durante el tiempo en que el presidente Toledo perdió bastante popularidad (Talyor 2007). Sin embargo, no se produjo acuerdo alguno sobre las políticas concretas de mediano y largo plazo a ser aplicadas en el país. Tampoco se consolidó ni viene funcionado algún mecanismo de conformación de consenso como resultado de ese episodio. Por otro lado, debemos señalar que en la primera década de este siglo la política peruana ha seguido fragmentándose. 

Los resultados de las elecciones municipales y regionales confirman esta tendencia. En ellas, los “ganadores” fueron los movimientos locales e independientes, entre los cuales no hay relaciones orgánicas. Tampoco existió agrupación alguna que gane el mismo nivel de votos en las tres instancias electorales (regional, provincial y distrital). En estas circunstancias, las fuerzas políticas no han logrado institucionalizar el proceso de la toma de decisiones y formación de consensos. Aunque existe continuidad en materia económica, nunca se ha discutido la manera en que deben aprovecharse los recursos provenientes de la bonanza y estabilidad macroeconómica, ni cuál debe ser el papel del Estado en tal materia. Ni durante la campaña electoral de 2010, ni bajo la gestión presidencial de Humala, nada parece indicar una tendencia hacia una mayor institucionalización de la democracia peruana y la superación de los problemas que llevaron a los sucesos del 5 de abril. Por otro lado, los partidos políticos no han avanzado en su renovación ni institucionalización, mientras la dominación interna de los “jefes máximos” ha continuado. Aunque en 2003, por primera vez en la historia, la ley de partidos políticos fue aprobada y promulgada, la cual estipula la obligación de realizar elecciones internas para nombrar a la dirigencia partidaria y los candidatos de las elecciones para cargos públicos, esta no ha sido cumplida debido a la dominación interna ejercida por los caudillos.