REFORMAS ESTRUCTURALES Y POLÍTICA SOCIAL EN EL PERÙ

Las reformas estructurales que viene trabajando el gobierno, como simplificar los procesos de inversión pública, promover la innovación y diversificar las exportaciones, apuntan en la dirección correcta, así lo asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según un reporte los economistas encargados del análisis de Perú, Melesse Tashu y Kevin Ross, el amplio programa de reformas estructurales de las autoridades peruanas está pensado en función de solucionar importantes retos.

“Los esfuerzos iniciados para reformar la función pública, racionalizar los procedimientos de habilitación, afianzar la gobernanza de las empresas públicas, simplificar los procesos de inversión pública, promover la innovación y diversificar las exportaciones apuntan en la dirección correcta”, cita el texto.

Afirman además que la velocidad con que se ejecuten dichas reformas estructurales permitirá elevar el crecimiento potencial de nuestro país a 4,5%.

“Nuestro escenario de base estima un crecimiento potencial de 4,5%, suponiendo una ligera aceleración de las reformas estructurales, en consonancia con los planes actuales de las autoridades”, indican.

Por otro lado señalaron que el reto de este gobierno y la próxima administración es reducir la elevada informalidad, que limita el tamaño de las empresas, el desarrollo del capital humano, la innovación y la profundización financiera. “Un compromiso político generalizado sigue siendo un elemento esencial para que puedan avanzar los esfuerzos de reforma a corto y a mediano plazo”, apuntan.

ONPE y JNE han recobrado rápidamente su credibilidad desde las elecciones de 2001. El proceso fue justo y los votantes pudieron ejercer su derecho sin la intervención del Estado u otros actores, y los mercados de información de los partidos se mantuvieron libres de las distorsiones de la inyección de dinero del Estado al partido de gobierno.

El voto se considera obligatorio: el no recurrir a votar se paga con una multa de unos $35. Sin embargo, las grandes distancias que deben recorrer la población rural para ir a los centros de votación limita la igualdad en participación electoral, a pesar de que la ONPE está trabajando en ese problema. La población en edad de votar y empadronada ha sido la más alta de la región.

El Perú cuenta con un sistema eficiente y completo de inscripción electoral ciudadana. El proceso de inscripción electoral es automático pues el registro electoral proviene del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). Esto permite que esté constantemente actualizado y que se excluya a los fallecidos o los que han cambiado de lugar de residencia. A pesar de eso, se estima que el Registo Civil excluye entre 800 000 y 1 000 000 personas (3 a 3,5% de la población): lo más probable es que los pobres del campo y los indígenas constituyan una alta proporción de quienes no tienen DNI (Documento Nacional de Identificación) por la lejanía, el costo y la falta de partidas de nacimiento. A pesar de eso, se considera que el sistema de inscripción electoral es bastante completo y preciso, y no genera desigualdades en materias de población electoral.

Desde la transición a la democracia en 1980, no ha existido obstáculos significativos para la creación y preservación de los partidos políticos. Con el fin de inscribirse, un partido debe obtener un número de firmas equivalentes al 1% del total de votos depositados en las últimas elecciones. Para conservar esa inscripción, se ha solicitado a los partidos que mantengan al menos un escaño en el Congreso, cosa que los partidos han logrado mediante la configuración de alianzas. Perú cuenta con distritos electorales múltiples, siendo Lima el más grande (35 diputados elegidos en Lima). Los pocos requisitos para inscribir partidos, y los votos requeridos para obtener un escaño en el Congrseo han contribuido a la volatilidad y la fragmentación del sistema partidista peruano. La volatilidad ha limitado los incentivos para forjar coaliciones intrapartidista, y han acentuado la importancia de las personalidades individuales. La fragmentación también se ha originado por factores no institucionales, como la incapacidad de los partidos tradicionales de gobernar de manera efectiva desde los ochenta, y la falta de progreso en cuanto a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza, y la retórica y acciones del gobierno fujimorista contra los partidos. En 2001, el índico efectivo de partidos en el congreso fue de 4,5 colocándose entre los seis primeros países de la rgión alta fragmentación en el sistema de partidos.

La ley de partidos apunta a promover un menor número de colectividades con cobertura nacional mediante la imposición de requerimientos adicionales de inscripción. Aparte de obtener las firmas equivalente al 1% obtenidos en las últimas elecciones, debe acreditar comités con un mínimo de 50 miembros en por lo menos dos tercios de los departamentos (17) y en un tercio de las provincias (65), que sería como movilizar 3 200 ciudadanos. Esto se aplica únicamente a la inscripción inicial de un partido. Dado que la ley no ha sido muy efectiva en sus propósitos, algunos observadores han cuestionado si JNE está verificando plenamente el cumplimiento de la ley en cuanto número de firmas necesarios y la formación de comités provinciales.

La membresía en los partidos políticos es muy baja en el país, así como hay una falta de representatividad geográfica. APRA ha sido tradicionalmente el partido que ha exhibido la organización más fuerte, pese a esto, la participación de la ciudadanía en decisiones trascendentales tales como la elección de los candidatos, dirigentes, y la plataforma política en todos los partidos es muy limitada. La falta de apertura y representatividad ha contribuido a la falta de confianza de la población. La tendencia centrista de los partidos provoca el descuido de las necesidades que están fuera del área de la región metropolitana. Esto ha originado movimientos políticos independientes en el ámbito subnacional.

La constitución de 1993 abrió vías de participación ciudadana, entre las que figuran la reforma constitucional, la introducción de leyes en los ámbitos regional y local, y la realización de referendos. Además, se introdujeron mecanismos para la revocatoria o remoción de funcionarios tanto elegidos como designados. Si bien es cierto que los instrumentos relacionados con la formulación de las leyes se han empleado poco, los que tienen que ver con el control ciudadano se han utilizado con frecuencia. Se han llevado a cabo revocatorias en 200 localidades, especialmente en distritos pequeño y en provincias poco pobladas, mientras que han sido limitada en jurisdicciones con mayor población, dado que la ley exige el 25% de los votantes inscritos.